La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID en sus siglas en inglés) y los aliados al programa InspiraPaz anunciaron apoyo a mandatarios locales y líderes sociales para la protección de estos últimos.

A pesar de los avances, se reconoció la necesidad de proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, sobre todo cuando se conmemoran 75 años de la Declaración Universal de estos.

“Rendimos homenaje a aquellos que hacen posible que la Declaración no sea solo un documento, un papel, sino una guía viva en la vida cotidiana de Colombia. Las personas defensoras de derechos humanos a pesar de poner en riesgo sus propias vidas son la esencia misma de la Declaración en acción”, dijo Robert Works, subdirector de la Oficina de Construcción de Paz y Gobernabilidad de USAID.

Las palabras de Works surgieron en el evento "Desafíos en los Territorios para los Nuevos Mandatarios: Defender la Vida y los Liderazgos Sociales". 

InspiraPaz ayudará a los mandatarios y mandatarias locales a desarrollar criterios de desempeño municipal para la prevención de violaciones de los Derechos Humanos, así como análisis sobre las capacidades locales en materia de prevención y protección.

También brindará recomendaciones y hojas de ruta para ayudar a mejorar las mismas, dará asistencia técnica a funcionarios para la implementación de los Planes Integrales de Prevención e inclusión de lineamientos de prevención y protección en los Planes Municipales de Desarrollo.

“Cuando muere un líder, no solo muere la persona, mueren la familia, la comunidad y las causas sociales que él o ella representaban y se debilita la democracia. Debemos parar este conteo terrible de muertes”, indicó Diego Bautista, director de InspiraPaz.

Según datos del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividad y Paz, de Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz, (2016), 1.589 líderes han sido asesinados y se han registrado 438 masacres. 

El programa InspiraPaz comenzó en 2023 y se extenderá hasta 2028. Cobija 20 municipios en seis departamentos donde hay riesgo elevado contra la vida e integridad de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos. 

Los territorios donde actúa son: Antioquia, Caquetá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.